Minera Yanacocha sigue amedrentando a Máxima Chaupe: Destruye sus cultivos

Lugar de conflicto: 
Sorochuco, Celendín

El día de ayer en horas de la mañana, mientras Máxima Acuña y su nuera salieron del predio Tragadero Grande para realizar labores domésticas, los trabajadores de Minera Yanacocha nuevamente ingresaron a la propiedad de Máxima, destruyendo sus cultivos de papa.

 

YANACOCHA SE ATRIBUYE LA DESTRUCCIÓN

La empresa minera luego de realizar este abusivo acto emitió rápidamente un comunicado donde se atribuye el hecho, diciendo que se trata de “Defensa Posesoria” del terreno.  Además expresa que tienen a su favor una medida cautelar otorgada por el Juzgado Mixto de Celendín que prohíbe que Máxima  y su familia puedan realizar cualquier actividad en este terreno.

 

JUEZA DE CELENDIN EMITE CUESTIONADA MEDIDA CAUTELAR

Hace dos semanas, Minera Yanacocha solicitó al Juzgado Mixto de Celendín, a cargo de la controversial Juez Julissa Aseijas Silva, conocida por haber resuelto escandalosos procesos a favor de Yanacocha, como el caso ADECO, una medida cautelar para impedir que la familia Chaupe realice cualquier labor en su propio terreno. 

Increíblemente esta Juez declaró procedente esta petición y ordenó tal impedimento.  Pese a que esta resolución se encuentra en proceso de impugnación. La empresa minera se está valiendo de la misma para destruir cualquier actividad que realice la humilde familia como lo ha hecho ahora con sus cultivos de papa que solo les sirven para autoconsumo.

 

LAS DENUNCIAS DE LA FAMILIA CHAUPE

Pese a la sentencia de diciembre del 2014 que declara que la familia Chaupe no es usurpadora del predio Tragadero Grande, y reconoce por tanto su posesión legítima; pese a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y pese a las garantías otorgadas por la Gobernación de Cajamarca que admiten que la familia estaría siendo hostilizada por la empresa por lo que merecería protección, la empresa Yanacocha ha seguido con los actos de hostilidad contra a familia en su predio, como la destrucción de la habitación que construían, la destrucción del corral de animales menores, incluyendo la sustracción de los cuyes, el cierre de los caminos, y ahora la destrucción de los cultivos, que realizaron el día de ayer.

Por todos estos hechos la familia ha procedido a denunciar desde enero del año en curso ante la Fiscalía Penal de Celendín.  El viernes último, dicho despacho notificó 6 meses después su resolución, la misma que resuelve Archivar el caso porque no encuentra que Minera Yanacocha haya realizado perjuicio alguno a la familia.  Esta resolución también es objeto de impugnación ante el superior.

 

SITUACIÓN DE LA FAMILIA CHAUPE

Por desgracia, sin autoridad que haga cumplir la Sentencia de la Corte de Justicia o las medidas de protección asignadas a la familia, la misma se encuentra librada a los abusos de la empresa, ahora avalada por resoluciones judiciales cuestionables que impiden que la familia tenga incluso lo mínimo para poder subsistir como son sus cultivos que les proveen de alimentos.  Este es un tema que trasciende un derecho de propiedad, es una clara violación de derechos humanos pues más allá de defender algo que consideran suyo la empresa está condenando a una familia a vivir una vida indigna y privándolos de lo más fundamental para vivir.

El día de ayer en horas de la mañana, mientras Máxima Acuña y su nuera salieron del predio Tragadero Grande para realizar labores domésticas, los trabajadores de Minera Yanacocha nuevamente ingresaron a la propiedad de Máxima, destruyendo sus cultivos de papa.

YANACOCHA SE ATRIBUYE LA DESTRUCCIÓN

La empresa minera luego de realizar este abusivo acto emitió rápidamente un comunicado donde se atribuye el hecho, diciendo que se trata de “Defensa Posesoria” del terreno.  Además expresa que tienen a su favor una medida cautelar otorgada por el Juzgado Mixto de Celendín que prohíbe que Máxima  y su familia puedan realizar cualquier actividad en este terreno.

 

JUEZA DE CELENDIN EMITE CUESTIONADA MEDIDA CAUTELAR

Hace dos semanas, Minera Yanacocha solicitó al Juzgado Mixto de Celendín, a cargo de la controversial Juez Julissa Aseijas Silva, conocida por haber resuelto escandalosos procesos a favor de Yanacocha, como el caso ADECO, una medida cautelar para impedir que la familia Chaupe realice cualquier labor en su propio terreno. 

Increíblemente esta Juez declaró procedente esta petición y ordenó tal impedimento.  Pese a que esta resolución se encuentra en proceso de impugnación. La empresa minera se está valiendo de la misma para destruir cualquier actividad que realice la humilde familia como lo ha hecho ahora con sus cultivos de papa que solo les sirven para autoconsumo.

LAS DENUNCIAS DE LA FAMILIA CHAUPE

Pese a la sentencia de diciembre del 2014 que declara que la familia Chaupe no es usurpadora del predio Tragadero Grande, y reconoce por tanto su posesión legítima; pese a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y pese a las garantías otorgadas por la Gobernación de Cajamarca que admiten que la familia estaría siendo hostilizada por la empresa por lo que merecería protección, la empresa Yanacocha ha seguido con los actos de hostilidad contra a familia en su predio, como la destrucción de la habitación que construían, la destrucción del corral de animales menores, incluyendo la sustracción de los cuyes, el cierre de los caminos, y ahora la destrucción de los cultivos, que realizaron el día de ayer.

Por todos estos hechos la familia ha procedido a denunciar desde enero del año en curso ante la Fiscalía Penal de Celendín.  El viernes último, dicho despacho notificó 6 meses después su resolución, la misma que resuelve Archivar el caso porque no encuentra que Minera Yanacocha haya realizado perjuicio alguno a la familia.  Esta resolución también es objeto de impugnación ante el superior.

SITUACIÓN DE LA FAMILIA CHAUPE

Por desgracia, sin autoridad que haga cumplir la Sentencia de la Corte de Justicia o las medidas de protección asignadas a la familia, la misma se encuentra librada a los abusos de la empresa, ahora avalada por resoluciones judiciales cuestionables que impiden que la familia tenga incluso lo mínimo para poder subsistir como son sus cultivos que les proveen de alimentos.  Este es un tema que trasciende un derecho de propiedad, es una clara violación de derechos humanos pues más allá de defender algo que consideran suyo la empresa está condenando a una familia a vivir una vida indigna y privándolos de lo más fundamental para vivir. 

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